Miami. La batalla legal de más de una década que libraron el ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y uno de sus ministros por una serie de matanzas extrajudiciales en su país durante 2003 terminó en Estados Unidos. Ahora las familias que los demandaron esperan que también se haga justicia en la nación sudamericana, donde ambos enfrentan acusaciones de genocidio.

Sánchez de Lozada y el ex ministro de Defensa de Bolivia, José Carlos Sánchez, sellaron un acuerdo extrajudicial con las familias de ocho indígenas que murieron en las protestas de ese año y aceptaron pagar una indemnización por daños y perjuicios poniendo fin a un proceso judicial de 16 años, informó ayer Thomas Becker, uno de los abogados de los indígenas.

Esto envía un mensaje claro al mundo entero de que ningún líder está por encima de la ley, dijo Becker en entrevista telefónica con la agencia noticiosa Ap. Durante tanto tiempo los líderes mundiales se han refugiado en Estados Unidos después de cometer crímenes atroces. Este juicio muestra que se puede ejercer justicia. El monto de la indemnización no fue revelado debido a la prohibición incluida en el acuerdo. Una declaración escrita de un párrafo firmada por ambas partes indica que la decisión de conciliar no significa que los demandados admitan responsabilidad.

El pacto se selló dos años después de que un juez federal de Miami determinó que el ex presidente y el ex ministro debían pagarles una indemnización de 10 millones de dólares. Los ex funcionarios rechazaron ese fallo y el caso se encontraba en una corte superior de apelaciones.

Ahora, las familias aceptaron una cláusula que prohíbe cualquier acción adicional de cualquier tipo contra Sánchez de Lozada y Sánchez por los hechos de 2003 y se comprometieron a retirar la apelación.

El caso se cierra pero se mantiene el veredicto que los encontró culpables. Para las familias demandantes se trató de una búsqueda de justicia.

Nosotros no hemos ido por la plata, sino por la justicia, dijo Teófilo Baltazar, uno de los demandantes, cuya esposa embarazada murió por el impacto de una bala que perforó la pared de su casa. Ahora esperamos que el Ejecutivo de Bolivia ahora lo extradite y lo procese.