Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala condenó el cuarto allanamiento que realizó ayer la fiscalía contra una de sus sedes en busca de las actas de resultados de elecciones, en un nuevo episodio de la arremetida judicial contra las autoridades, los procesos comiciales y el Movimiento Semilla, del presidente electo, Bernardo Arévalo.

Este acto, que se suma a una serie de ataques previos, incluyendo la solicitud de retiro del antejuicio a los magistrados del TSE apenas dos días atrás, evidencia claramente la intención de ciertos grupos de desestabilizar y deslegitimar el proceso, señaló el órgano en un comunicado.

El TSE afirmó que la fiscalía dejó al descubierto una serie de acciones intimidatorias destinadas a socavar la integridad de nuestra democracia y poner en duda los resultados comiciales ya oficializados.

Los fiscales han requerido las actas de las elecciones en el nuevo operativo, indicó antes a periodistas el vocero del tribunal, David de León.

Los togados pidieron a la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia de justicia del país, un amparo para evitar entregar los documentos originales que por ley están bajo su resguardo.

Con anticipación, la fiscalía informó en la red social X, antes Twitter: El operativo se desarrolla en seguimiento a las diligencias realizadas en la sede del COPE (Centro de Operaciones del Proceso Electoral) y tiene como fin recabar información para fortalecer la pesquisa.

El pasado día 12, la fiscalía allanó las instalaciones de resguardo de las papeletas de votación de las elecciones del 25 junio y de la segunda vuelta, del 20 de agosto, en seguimiento a una denuncia de un ciudadano por supuestas anomalías en el proceso.

Ese operativo y el de ayer son dirigidos por el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, quien ha orquestado múltiples actuaciones contra el tribunal electoral y Semilla, hechos cuestionados en Guatemala y en otros países, así como por organismos regionales y mundiales.

La fiscalía aclaró que el caso se encuentra bajo reserva por lo que evitaron dar detalles.

El edificio del TSE, ubicado en el centro histórico de la capital guatemalteca, fue rodeado por decenas de policías.

Arévalo calificó las operaciones como un golpe de Estado en curso para evitar que asuma el poder el próximo 14 de enero.

Reiteramos nuestro compromiso en defensa de la democracia, de la voluntad y de la decisión popular y del Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad en materia electoral, mientras ratificamos que (la fiscal general) Consuelo Porras debe renunciar, indicó en un comunicado titulado: ¡Los golpistas insisten!

Curruchiche defendió las diligencias: Nosotros las consideramos como un rescate para la democracia, un rescate para la ciudadanía de este país que ha sido violentada y mancillada por la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y gobiernos extranjeros.

El cateo se desarrolla dos días después de que la fiscalía, a cargo de Consuelo Porras, pidió levantar los fueros a los magistrados electorales por presuntas anomalías en la adquisición de un sistema informático que muestra los resultados preliminares de los comicios de junio y el balotaje de agosto.

El jefe de la diplomacia estadunidense para América Latina, Brian Nichols, condenó en su cuenta de X el allanamiento, tras indicar que exigirán rendición de cuentas a quienes participen en acciones para socavar la transición democrática .

Un ataque de esta naturaleza no tiene precedente en las observaciones electorales de las décadas recientes y constituye un ejemplo vergonzoso para el hemisferio, señaló la misión de observación de la OEA.

Este permanente asedio sin fundamentos ni motivación clara del Ministerio Público constituye una persecución política similar a las que se llevan a cabo en regímenes autoritarios, precisó.

Estados Unidos tiene en una lista de personajes corruptos y antidemocráticos a Porras y Curruchiche, así como al juez Fredy Orellana, quien ha avalado los allanamientos al TSE y suspendió a Semilla por supuestas irregularidades en su conformación.

La suspensión fue pausada por la justicia electoral, pero cobrará vigencia en noviembre al cerrarse el ciclo electoral, por lo que Arévalo mantiene una batalla en las altas cortes para dejarla sin efecto.