La labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (PJF) es sumamente relevante, más aún cuando los principios básicos del Estado democrático y constitucional de derecho se ven amenazados, expresó la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Vivimos tiempos convulsos, por lo que en cumplimiento de nuestro mandato constitucional debemos internalizar que ser juzgadoras y juzgadores implica asumirnos como constructores de la paz y estabilidad democrática y social, señaló.

Los triunfos del derecho, añadió, se logran garantizando la certeza y la equidad electoral a punta de sentencias bien argumentadas y de la construcción de líneas jurisprudenciales consistentes y coherentes.

Inmensa responsabilidad

Durante la presentación del libro El precedente judicial electoral en México, reflexiones y perspectivas, del que es coautora, aseguró que la responsabilidad de los jueces es inmensa, por lo que nos debemos sentir orgullosos y orgullosas de ser juzgadoras y juzgadores independientes, imparciales, prudentes, objetivos, profesionales y empáticos con las personas.

Subrayó que cada expediente no es un cúmulo de papeles, sino la realidad de una persona, y en su papel de guardianes de la Constitución, es necesario garantizar efectivamente los derechos humanos en materia de participación política, los cuales nunca deben ser vistos como una segunda categoría de derechos.

Añadió que los ciudadanos demandan la existencia de un Poder Judicial cercano, transparente, plural, garante de los derechos humanos y, sobre todo, íntegro.

Y ante mayor exigencia a las instituciones públicas, en un contexto de problemas estructurales como la violencia, la desigualdad y la inestabilidad política, los jueces deben demostrar compromiso con la ciudadanía.

En pro de derechos

Sergio Javier Molina Martínez, consejero de la Judicatura Federal (CJF), afirmó que las decisiones de los jueces, su presencia en audiencias y compromiso con la justicia social, son la base que sostiene al Poder Judicial Federal, como elementos de un estado social y democrático de derecho.

Al participar en el Foro Nacional de Conciliación Laboral, indicó que los impartidores de justicia actúan con apego a la Constitución y a las disposiciones de fuente internacional, por lo que adoptan sus decisiones, entre ellas las de materia laboral, libres de presiones internas y externas, con la conciencia basada en la ley.

Molina Martínez, quien preside la Comisión de Administración del CJF, aseguró que el PJF mantiene su compromiso con la justicia social, a la que definió como la aspiración de solventar las diferencias de los desaventajados por los modelos económicos y financieros imperantes, mediante la búsqueda del trabajo digno y decente.

Indicó que todos los días, el PJF resuelve asuntos de derechos sociales referentes a salud, educación, vivienda y de índole laboral, que son defendidos y protegidos por las personas juzgadoras ya sea mediante sentencias de amparo, asuntos de instancia y en juicios laborales.

Resaltó que la protección de los derechos sociales se ha convertido en una directriz, por lo que hizo votos para que los demás poderes e instituciones del Estado mexicano asuman la importancia que tienen las decisiones de los juzgadores, que apuntan a la mejoría de la sociedad desvalida y pobre del país.