A 17 años de la invasión de un edificio habitacional ubicado en avenida Tláhuac, en la alcaldía Iztapalapa, la pérdida económica acumulada supera 71 millones de pesos, asegura el ingeniero Marco Antonio Coronado Bravo, propietario del inmueble, quien recuerda que la entrada violenta de personas se suscitó la madrugada del 15 de septiembre de 2006, cuando remodelaba los departamentos para su posterior venta. Los paracaidistas, dice, se identificaron como integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de agrupaciones civiles asociadas a ese instituto político.

Narra a este diario que en estos años se han girado cuatro órdenes de lanzamiento por el delito de despojo, para tratar de sacar del inmueble a quienes ocupan 54 departamentos y cuatro locales comerciales. Sin embargo, asegura, ninguno de esos mandamientos judiciales ha prosperado hasta ahora.

Acompañado por su abogada, Susana Cruz Bonilla, cuenta que debido a que los departamentos están habitados por familias, el Gobierno de la Ciudad de México considera que una eventual expulsión podría generar un “conflicto social en una zona de importancia, pues el edificio está ubicado frente a un tramo de la línea dorada del Metro. Ahí hay niños, personas adultas mayores, mujeres y mascotas. De hecho, muchos ya no son los invasores originales y pagan cuotas por habitar los departamentos”, explica.

Derivado de esta situación, el representante de la sociedad dueña del inmueble, denominada Tulyehualco 3449 SA, enfatiza que se gestó un acuerdo de compra del edificio por el Gobierno de la Ciudad de México, pero advierte que esto aún no se concreta, pese a haber sido una instrucción de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En esto coincide Susana Cruz Bonilla, al precisar que hace algunas semanas ambos se reunieron con el jefe de Gobierno, Martí Batres, quien les dijo que se mantenía la misma instrucción de la doctora Sheinbaum; que sí hay la intención de comprar el inmueble.

Oferta incumplida

Nos hicieron una oferta. Lo que nos dijo el Invi (Instituto de Vivienda de la Ciudad de México) es que tenían un tabulador de precios y que lo máximo que podían pagar por departamento eran 590 mil pesos. Y aunque el precio es muy bajo, acepto siempre y cuando se paguen los pasivos de todo tipo y los gastos que se pudieran generar. Entre los pasivos están el agua, la luz y el predial, entre otros. También los gastos de escrituración e impuestos. A mí que me entreguen el dinero libre de polvo y paja, ya escriturado todo, demanda el propietario. Sostiene que dicho acuerdo lo hicimos incluso por escrito; sin embargo, no ha tenido validez desde el punto de vista fáctico, ya que los funcionarios sólo le han dado largas.

Exhorta a las autoridades capitalinas a que resuelvan y se termine con todo esto. Al jefe de Gobierno le comenté que podrían expropiar el edificio y que me dieran el valor de la expropiación concertada, y estuvo de acuerdo, pero los funcionarios de alrededor nos la cambiaron, y sostuvieron que a fuerza debía ser por conducto del Invi, y lo que habíamos brincado ha significado, otra vez, volver a empezar.

Señala que hasta ahora no han promovido nuevas órdenes de lanzamiento en el juzgado penal que lleva el caso, aunque ya existe una sentencia favorable. Sin embargo, advierte que ante la falta de respuesta de las autoridades capitalinas, nos están orillando a tomar decisiones y a seguir solicitando el lanzamiento, porque es un juicio ganado, es una ejecución que se tiene que realizar para la restitución. Al cabo de más de tres lustros de lucha, expone que ya estoy cansado, ya es demasiado.