Bogotá. Simón Trinidad, jefe guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) extraditado a Estados Unidos en 2004 y condenado en ese país a 60 años de prisión, fue aceptado por la justicia transicional de Colombia, cuya Sala de Amnistía e Indulto (SAI) estudiará su caso.

Fuentes de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) informaron ayer que fue aceptada la solicitud de sometimiento interpuesta por la defensa de Trinidad y que se iniciará el estudio de cinco procesos penales en su contra, así como la indagación de su posible relación con otros 116 procesos.

La aceptación del sometimiento del ex jefe insurgente a la Justicia Especial de Paz (JEP) implica que el organismo judicial reconoce a Trinidad como actor en la confrontación armada entre el Estado colombiano y las FARC, lo cual abre el camino a que sea amnistiado, como ocurrió con todos los ex combatientes firmantes de los acuerdos de paz de 2016.

Juristas locales opinaron que aunque Trinidad está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Florence, en el estado estadunidense de Colorado, debe considerar un triunfo personal su aceptación en la JEP.

Encarcelado en condiciones infrahumanas

El especialista en justicia transicional Milton Silva dijo a La Jornada que, como puerta de entrada a un modelo de justicia restaurativa, esta instancia resulta sustancial para que los ex combatientes no sean tratados como delincuentes comunes, sino políticos, lo cual marca una importante diferencia con la justicia ordinaria.

Ramiro Orjuela, quien fue abogado de Simón Trinidad antes de su extradición, consideró que –por ahora– surge la posibilidad de que su ex defendido pueda volver a comunicarse con el país, así sea en audiencias virtuales, rompiendo el aislamiento al que ha sido sometido por 19 años.

Simón acumula una gran formación política e intelectual y tiene mucho que aportarle a Colombia, así que ahora podremos conocer su versión sobre el conflicto armado y la participación en él de decenas de distintos actores, apuntó el jurista.

Organizaciones de derechos humanos, que han hecho seguimiento a la situación del reo e impulsan campañas por su liberación, denunciaron que pasó mas de 10 años en situación de confinamiento extremo en una celda bajo tierra en la que no apagaban la luz y sólo se le permitía media hora semanal al aire libre.

¿Regreso a Colombia?

Interrogado por La Jornada sobre la posibilidad de que el ingreso a la JEP le abra el camino para que el ex rebelde regrese a Colombia, Orjuela manifestó que esa opción es hoy más viable que nunca, y reiteró que Trinidad está preso ilegalmente en Estados Unidos, “pues aquí no existe la cadena perpetua y el tratado de extradición prohíbe que ciudadanos colombianos reciban penas mayores a las contempladas en los códigos nacionales.

Imponerle una condena de 60 años a un sexagenario es igual que condenarlo a cadena perpetua, argumentó Orjuela.

Para conseguir el regreso del ex jefe guerrillero al país, agregó, no sólo se debe apelar a herramientas jurídicas, sino sumar voluntades políticas.

Estamos en un momento distinto de nuestra historia, con un gobierno progresista, y el presidente Gustavo Petro podría encabezar una especie de cruzada por la libertad de Simón Trinidad con los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Gabriel Boric y Andrés Manuel López Obrador para que el gobierno estadunidense tome cartas en este asunto, sugirió el abogado.

Ricardo Plamera, el verdadero nombre de Trinidad, es un economista oriundo de la ciudad de Valledupar, donde fundó un partido político local llamado Fuerza Común, cuyos militantes fueron asesinados uno a uno en el marco del genocidio contra la Unión Patriótica en los años 80 y 90.

Hijo de una familia adinerada de la región, pudo haberse ido del país con su familia, pero optó por subirse a las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta para salvar su vida sin renunciar a sus ideas.

Fue delegado de las FARC en los diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y, cuando estos se rompieron, viajó a Ecuador para organizar la logística de su regreso a la Nevada. Sin embargo, el primero de enero de 2003 fue capturado en una calle de Quito y enviado a Colombia, donde estuvo un año preso antes de que el entonces presidente Álvaro Uribe aceptara su extradición a Estados Unidos.

Tras dos amañados juicios en el distrito de Columbia, Washington, fue declarado culpable del secuestro de tres espías estadunidenses, y condenado a 60 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Florence, conocida por su rigor como el cementerio de los vivos.