¿A dónde van los desaparecidos? es verso en una vieja canción de Rubén Blades y nombre de un sitio que reúne a periodistas especializados. Es también una pregunta que a diario se hacen miles de familias en todo el país (los registros oficiales reconocen más de 110 mil desaparecidos) y de la que derivan muchas otras: qué hacer, cómo denunciar, cómo exigir que las autoridades cumplan su obligación de búsqueda.

La incapacidad o la indolencia de las autoridades ha llevado a muchas familias a buscar por sus propios medios a sus seres queridos víctimas de desaparición. Y a unirse en el camino.

A esa dolorosa tarea de buscar por cuenta propia se han sumado organizaciones e instituciones como el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH Ibero), que ha elaborado manuales de búsqueda, análisis contextuales y radiografías pertinentes.

Este jueves tocó el turno de una suerte de radiografía nacional de esta tragedia con la presentación del informe que lleva por título Buscar entre el dolor y la esperanza. Hallazgos de fosas clandestinas en México 2020-2022. Se trata, dicen sus autores, de la actualización de una investigación anterior, correspondiente al periodo 2006-2017, que se llamó Violencia y terror: hallazgos de fosas clandestinas en México 2006-2017 (Uia, 2019). El contraste de ambos títulos indica de suyo un abordaje distinto del fenómeno de las desapariciones.

A la presentación del informe acudieron familiares de desaparecidos de distintas partes del país.

En sus relatos caminan juntos el dolor y un notable aprendizaje que va de las rutas para sortear la indolencia de las autoridades al análisis de las causas profundas de las desapariciones.

No nada más buscamos a nuestros hijos, buscamos a todos, porque todos vienen siendo nuestros hijos, dijo Angélica García Sierra, integrante del colectivo Madres Buscadoras de San Quintín, Baja California, quien busca a su hijo desaparecido en marzo de 2022.

García explicó que para pedir la intervención de agentes de la fiscalía deben ir a Ensenada, donde sólo hay seis agentes comisionados. Los policías se paran en San Quintín, al igual que la Comisión Estatal de Búsqueda, sólo una vez al mes, ¿qué pueden hacer en un día?

Según cifras oficiales, en San Quintín hay 170 carpetas de investigación sobre desaparecidos. Son 170, pero ésos no son todos los desaparecidos de San Quintín, son muchos más, pero las familias no denuncian por miedo a represalias.

El informe fue elaborado a partir de los datos proporcionados por las fiscalías de los estados y su cruce con información divulgada por los medios de comunicación nacionales y estatales. Las dos fuentes, se sostiene en el informe, permiten construir una panorámica respecto al hallazgo de fosas clandestinas y las dinámicas de inhumación clandestina en el país, aunque siempre con la limitación, respecto de las fuentes oficiales, de la capacidad y voluntad política que tenga el gobierno de cada entidad.

Entre los hallazgos se encuentra que, durante los tres años que abarca el informe, la prensa reportó mil 134 fosas clandestinas, con la precisión de que si a esa cifra se suman los hallazgos no contemplados en el conteo final, ésta aumenta a mil 358.

La información conseguida de fuentes oficiales arroja un total de mil 735 fosas para el mismo periodo.

El informe precisa que los hallazgos representan una fracción del universo total de fosas clandestinas que existen en el país, debido a que no en todas las entidades los medios de comunicación los reportan y a que existen fiscalías estatales que no proporcionan información o, si lo hacen, ésta es incompleta e inconsistente.