n el marco del Día de Acción Global por la Interrupción Legal y Segura del Embarazo, miles de mujeres salieron a las calles para exigir el pleno respeto a su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos en materia sexual y reproductiva. En México, los principales reclamos giraron en torno a la legalización del aborto en todo el país, educación sexual integral, un mayor presupuesto para salud reproductiva, que todas las maternidades sean elegidas y la provisión de anticonceptivos gratuitos para no abortar. Debe recordarse que hasta la fecha sólo 11 entidades federativas, incluida la capital, han modificado sus legislaciones para garantizar este derecho, mientras en 21 se mantienen distintos niveles de restricción y persecución pese a las sentencias judiciales que obligan a despenalizar el aborto.

En América Latina y el Caribe, tres países permiten el aborto únicamente en caso de violación, una aberración jurídica que revictimiza a las mujeres al obligarlas a demostrar que sufrieron una agresión sexual para permitirles el acceso a un derecho. Siete estados sólo lo autorizan para salvar la vida de la mujer en caso de riesgo, otro despropósito que transfiere a los profesionales de la salud la decisión sobre si dejar vivir o condenar a la muerte a una mujer. Horroriza el mero hecho de preguntarse cuántas han fallecido porque los galenos ejercieron su práctica basados en creencias religiosas y no en su deber cívico y su juramento hipocrático. Surinam, Nicaragua, República Dominicana y Honduras integran el podio de la ignominia al prohibir por completo la interrupción del embarazo.

Estas asimetrías se replican a escala mundial, con graves diferencias nacionales que van desde obstaculizar la autonomía de las mujeres hasta criminalizarlas y perseguirlas con saña, incluso cuando padecieron un malogro espontáneo en su gestación. Uno de los ejemplos más vergonzosos se encuentra al norte del río Bravo, donde el 24 de junio de 2022 la mayoría conservadora de la Corte Suprema anuló Roe versus Wade, una sentencia histórica que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto a escala nacional. El fallo de los jueces derechistas traspasó la facultad de normar este derecho a los gobiernos locales, con lo que desató una carrera en las entidades estadunidenses gobernadas por el Partido Republicano para imponer la legislación más retrógrada, misógina y violenta contra las mujeres, quienes llevan ya más de un año de rabia e impotencia ante el despojo de sus derechos humanos. En la superpotencia, como en el resto del mundo, la proscripción de los abortos no impide que éstos se lleven a cabo, pero sí empuja a las mujeres, y con especial crueldad a las de menores recursos, a recurrir a procedimientos antihigiénicos, de alto riesgo y cada vez más costosos. Al otro lado del Atlántico, en enero de 2021, Polonia se sumó a Malta como único país de la Unión Europea que penaliza el aborto en prácticamente todos los casos.

Ante este panorama, la jornada de lucha de ayer cobró un cariz de urgencia no sólo para demandar que los estados garanticen el acceso de las mujeres al aborto seguro, gratuito y digno, sino también para alertar acerca del muy real peligro de retroceso en los territorios donde las derechas vuelven al poder radicalizadas y dispuestas a arrasar con cualquier avance en la justicia social. Es el caso de Argentina, que encara su elección presidencial del próximo 22 de octubre con la posibilidad de victoria de un candidato fascista que amenaza con demoler la civilización en ese país austral. Cabe esperar que allí y en todo el planeta prevalezca la sensatez y que las mujeres triunfen en su determinación de vivir libres de toda forma de violencia, incluida la que supone dictarles qué hacer con sus cuerpos.