Caracas. Unos 500 funcionarios han sido condenados en Venezuela desde 2017 por violaciones a los derechos humanos, indicó ayer el fiscal general, Tarek William Saab, en respuesta a cuestionamientos al sistema de justicia.

Saab precisó que 509 funcionarios, y particulares que se confabularon con ellos, han sido condenados.

Hemos logrado imputar a 2 mil 53 personas por violaciones a derechos humanos; están acusados 2 mil 304 involucrados y 955 están privados de su libertad, aseguró el fiscal a la prensa.

Una misión internacional señaló el lunes pasado, en un informe presentado en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que el gobierno del presidente Nicolás Maduro intensificó los ataques selectivos para silenciar a la oposición, con mecanismos que incluyen tortura.

Caracas calificó de panfletario el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, a cuyos miembros calificó de mercenarios, y aseguró que el texto busca legitimar las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros gobiernos a la república bolivariana.

Posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela son investigados por la Corte Penal Internacional, que en junio pasado autorizó a la oficina de su fiscal en jefe, Karim Khan, a continuar sus pesquisas, considerando insuficientes los procesos judiciales internos. Saab ha defendido que la justicia local actúa.

La Misión Independiente de Determinación de los Hechos, que investiga acusaciones de violaciones de derechos humanos reportadas en el país entre enero de 2020 y agosto de 2023, concluyó que tiene motivos razonables para creer que se cometieron al menos cinco privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias en el periodo.

Los expertos reportan, además, 28 casos de tortura y otros tratos crueles contra detenidos, incluidos 19 casos de violencia sexual.

La misión considera esta situación alarmante, cuando Venezuela se alista para comicios presidenciales en 2024, para los que están inhabilitados dirigentes opositores como María Corina Machado o Henrique Capriles.

En tanto, expertos de la ONU instaron a Estados Unidos a liberar y retirar los cargos contra Alex Saab, detenido y extraditado a Estados Unidos durante una escala en Cabo Verde, acusado de lavado de dinero.