Guatemala. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala resolvió ayer no aceptar cuatro solicitudes de retiro de inmunidad contra la fiscal general, Consuelo Porras, y el juez Fredy Orellana, denunciados por su arremetida contra el proceso electoral en el país y el partido Movimiento Semilla, del presidente electo Bernardo Arévalo.

Los antejuicios contra el juez Orellana fueron presentados, además de Arévalo, por Eddie Cux, director de Acción Ciudadana, el Parlamento del Pueblo Xinca y Salvador Sac, mientras el antejuicio contra Porras fue solicitado por Acción Ciudadana, informó el diario Prensa Libre.

Después de que la fiscalía abrió las cajas de votación en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral para verificar una denuncia sobre irregularidades en los comicios, Arévalo acusó a Porras de cometer ocho delitos, entre los que figuran violación a la Constitución, incumplimiento de deberes, asociación ilícita y prevaricato.

Además, desde que el líder progresista pasó a la segunda vuelta electoral, la fiscalía emprendió acciones por presuntas irregularidades en la constitución del Movimiento Semilla, por lo que el juez Orellana canceló la personalidad jurídica del partido.

Las medidas buscaban quitar el fuero a estas autoridades para ser investigadas.

Se reanudará la transición

El presidente saliente, Alejandro Giammattei, informó en un mensaje a la nación que aceptará la metodología propuesta por Arévalo, que está limitada única y exclusivamente a reuniones sectoriales, para reanudar el proceso de transición, con lo que ratificó la entrega del poder el próximo 14 de enero.

La última reunión para la transición se realizó el pasado día 11, pero el mandatario electo suspendió los trabajos tras los allanamientos a oficinas del Movimiento Semilla.

En tanto, la fiscalía solicitó quitar el fuero a cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral y cuatro suplentes por presuntas irregularidades en la compra del sistema de cómputo que transmitió el resultado preliminar de los comicios.

La solicitud fue interpuesta en la Corte Suprema de Justicia el pasado 29 de junio por la posible comisión de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Según la fiscalía, al suscribir el contrato no se supervisó de manera independiente el software, ya que la misma empresa que vendió el sistema designó a un supervisor usurpando funciones públicas.