ragmentos de cuerpos esparcidos en avenidas y parajes desiertos; secuestros que destrozan a las víctimas, familiares y amigos; feminicidios que sumergen en dolor y amargura a un sinnúmero de personas; homicidios cada vez más sanguinarios; presencia cínica e insolente del crimen organizado en múltiples lugares del país y miles de crímenes que con el paso de los años se han hecho desafortunadamente cotidianos, son las circunstancias a las que nos enfrentamos cada día en México.

Los grupos delincuenciales se han apoderado de diversas ­regiones del país; las desapariciones, amenazas y el hostigamiento son la tarifa a pagar ante un Estado desafiado por el crimen. Ejemplos de lo anterior podrían enlistarse, sin embargo y tristemente, Chiapas ha sido uno de los estados recientemente más lacerados. Tan es así que el pasado 23 de septiembre, la diócesis de San Cristóbal de las Casas presentó el documento Chiapas desgarrado por el crimen organizado, en el cual denuncian: la presión y control social, político y sicológico para que el pueblo tome partido por uno u otro grupo criminal; el despojo de bienes; el desabasto de alimentos así como la falta de atención médica y medicamentos; el reclutamiento forzado y el ingreso de personas armadas en las comunidades y pueblos; entre otras muchas preocupaciones.

El documento se encuentra firmado por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, así como por el obispo auxiliar Luis Manuel López Alfaro. Finaliza exigiendo que se respeten los centros educativos y se restablezca el orden social y hacer valer el estado de derecho, pero, además, cierra con una frase lapidaria: Nuestros pueblos no son campo de batallas.

Hoy las palabras son insuficientes para tratar de describir el sufrimiento de innumerables mexicanos, ante ello la preocupación es creciente y palpable, pero además ha hecho que sectores importantes de la sociedad se unan en un necesario e imprescindible ejercicio para tratar de recobrar la añorada paz social.

Entre mayo y septiembre de 2022, la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de México, la Dimensión Episcopal para los Laicos y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, convocaron a integrantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil, campesinos, indígenas, representantes de las diferentes religiones, personas migrantes y gobiernos locales, a participar en los Foros: Justicia y Seguridad. Se llevaron a cabo en los 32 estados de la República.

El trabajo ha sido arduo, pero responsable. Después de profundizar en los diagnósticos emitidos por las áreas convocadas, así como analizar los resultados de las buenas prácticas, del 21 al 23 de septiembre se llevó a cabo el Diálogo Nacional por la Paz en la Ciudad de Puebla, donde además de escuchar e intercambiar puntos de vista, se estableció un Acuerdo Ciudadano por la Paz en México donde se comprometieron a: 1) construir la red nacional de paz; 2) participar del liderazgo y compromiso inclusivo; 3) propiciar la articulación interinstitucional; 4) impulsar la implementación de la Agenda Nacional de Paz en los diferentes sectores de la sociedad; 5) presentar la Agenda Nacional de Paz a todos los candidatos y candidatas a un puesto de elección, sea municipal, estatal o federal, y 6) construir espacios digitales que permitan vincularnos, compartir experiencias y sumar esfuerzos.

Cuando la injusticia se desliza imparable en nuestra vida puede que la idea de venganza busque imponerse, que la confrontación desee abrirse paso para de alguna manera mitigar la frustración, la decepción y el enojo que se siente cuando se ha perdido a alguien amado a manos del crimen, pero, debemos tratar por todos los medios de superar la oscura etapa en que nos coloca el dolor, porque desde ahí no haremos más que repetir aquellas acciones que nos lastimaron. Entonces, la víctima se volverá, sin proponérselo, ­victimaria.

Hay que reconocerlo y continuar repitiéndolo, aunque suene estereotipado: la paz es un trabajo colectivo, no es una utopía, pero tampoco es labor sencilla. Implica alejarnos de la indiferencia, admitir que los sistemas de seguridad y procuración de justicia requieren cambios constantes, promover acuerdos donde se dignifiquen las condiciones laborales, fortalecer la enseñanza de valores en escuelas, parroquias y en todo lugar, pero principalmente, entender que, sin liderazgos políticos y de seguridad municipales, estatales y federales honestos, morales y verdaderamente comprometidos con la justicia y la paz, el esfuerzo no quedará en nada más que eso, mero intento.

* Analista en temas de seguridad, justicia, política, religión y educación (http://eepurl.com/Ufj3n)