Al dar a conocer los avances en la restructuración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo, sostuvo que las intervenciones efectuadas para enfrentar la corrupción detectada en la dependencia permitieron imponer 98 sanciones –inhabilitaciones y multas– por 2 mil 66 millones de pesos relacionados con los proveedores.

Asimismo, se han impuesto multas a servidores públicos porque se registraron 605 sanciones, que consisten en 413 inhabilitaciones, 23 multas por mil 68 millones de pesos.

En la conferencia presidencial, el funcionario detalló que de las 83 empresas sancionadas, 13 corresponden a las que presentaron irregularidades en la prestación de los servicios de laboratorio clínico y banco de sangre.

La SFP les ha impuesto 23 sanciones por obtener un beneficio o ventajas indebidas en los procedimientos de contratación. Las sanciones consisten en inhabilitaciones de tres a siete años y multas por un total de mil 952 millones de pesos.

Salcedo mencionó que especialmente en el caso de estas empresas se fue más allá porque se derivaron 23 denuncias penales que su secretaría presentó ante la Fiscalía General de la República por acreditarse que las tres empresas se coludieron para obtener beneficios indebidos en contra de los intereses del Issste. También se dio vista a la Comisión Federal de Competencia Económica para que actúe en el ámbito de sus atribuciones.

El conjunto de medidas emprendidas, que incluyen la fiscalización, sanciones y multas, permitieron recuperaciones económicas y en especie por mil 872 millones de pesos, los cuales han regresado a las tesorerías federal y a la del instituto para ser utilizados en aspectos sustantivos.

Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, comisionada para coordinar la restructuración del Issste, enfatizó que este proceso es importante para recobrar su capacidad de atención y autosuficiencia de los servicios médicos.

Aseveró que se trabaja en cambiar la situación de abandono institucional prexistente, el desmantelamiento y la corrupción en la que se encontraba el instituto. Para corregirla se ha requerido del trabajo coordinado de las secretarías de Salud, Hacienda, la Función Pública, Seguridad, la Procuraduría Fiscal, el IMSS, Birmex y el propio Issste.