Cada persona candidata presidencial podrá gastar hasta 660.9 millones de pesos –incluido financiamiento público y aportaciones privadas– cantidad que representa, por ley, 20 por ciento de la bolsa general aprobada este año –en ese concepto– para todos los partidos nacionales.

En la pasada elección federal, en 2018, la bolsa para candidatos presidenciales tuvo el límite de 429.6 millones.

En la precampaña (a realizarse del 5 de noviembre próximo al 3 de enero de 2024), se permitirá un gasto de 85.9 millones de pesos para cada contendiente presidencial.

A su vez, quienes compitan de manera independiente tendrán apenas una décima parte que los abanderados por un partido político, esto es, unos 66 millones de pesos.

Lo anterior se establece en el anteproyecto de acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobado ayer sin discusión de los consejeros y representantes partidistas, bajo el argumento de que no hay criterios, sino la aplicación de una fórmula legal.

En el documento se incluyen también los pormenores y límite de gasto para candidatos a una diputación o senadurías.

En el primer caso, el tope de gasto de precampaña es de 329 mil 638 pesos, y de campaña, 2.2 millones, mientras para las senadurías la cifra es distinta en cada entidad, según el número de distritos.

Por ejemplo, para la Ciudad de México, los aspirantes podrán gastar 5.7 millones en precampaña y 44 millones en campaña.

Los acuerdos de la comisión serán turnados al análisis y aprobación del Consejo General del INE durante octubre, acorde con la ley electoral.

Sin embargo, hoy se vive una situación atípica, pues los primeros días de septiembre, dos meses antes del inicio de las precampañas, dos bloques partidistas ya tenían a su virtual candidata a la Presidencia.

Del lado de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum, y del frente opositor, Xóchitl Gálvez.

Por ello, toma relevancia la definición legal del periodo de precampaña, por el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y precandidaturas a candidaturas a cargos de elección popular.

De igual forma, el tema de los topes es importante porque aquellos que rebasen la cantidad fijada serán sancionados con la cancelación de su registro como precandidato y, en el supuesto de la pérdida de la candidatura, los partidos pueden hacer sustituciones de última hora.