San Cristóbal de Las Casas, Chis., “De norte a sur y de este a oeste, no pasa ni una semana sin que se informe sobre un incidente relacionado con la presencia de grupos vinculados al crimen organizado en el estado. Asesinatos, secuestros o desapariciones, patrullajes o narcorretenes son de las situaciones reportadas con mayor frecuencia”, refiere la coalición internacional de organismos civiles Sipaz, con sede en esta ciudad, en su informe de septiembre.

No obstante, la reacción de los pobladores de la Sierra Madre y de la frontera contra el asedio de los cárteles comienza a manifestarse con desesperada vehemencia, como pudo verse ayer en la cabecera municipal de Siltepec, en la región montañosa, donde marcharon unas 8 mil personas para exigir paz, luego de semanas de virtual encierro por el clima de violencia. Esta localidad ha visto cómo las organizaciones criminales se llevan a sus jóvenes, hombres y mujeres.

Según Sipaz, la situación más alarmante se presenta en los municipios en la frontera con Guatemala. A finales de mayo, destaca, en Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria, Siltepec y Amatenango de la Frontera, “redes de derechos humanos reportaron comunidades enteras incomunicadas por bloqueos de carreteras y caminos, suspensión de clases en las escuelas, cortes de luz eléctrica que incomunican a la población, quema de vehículos, narcomantas, enfrentamientos, amenazas de allanamiento de morada para revisión de teléfonos celulares, secuestros, reclutamiento forzado de los hombres para integrarlos a sus filas y muerte a quienes oponen alguna resistencia”.

Son más de tres meses de terror continuo. Ante la violencia desatada por enfrentamientos entre el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación por el control de la frontera, se dio el desplazamiento forzado de al menos 3 mil personas.

En junio, fuerzas de seguridad estatales y federales retomaron el dominio de la zona y se pudieron reanudar actividades cotidianas. No obstante, apunta Sipaz, existe cierto escepticismo respecto a la posibilidad de que la presencia militar reduzca la violencia a mediano plazo, cuando no lo ha hecho en el pasado.

El informe cita al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas para señalar que, aun así, gran parte de la población, sintiéndose totalmente indefensa, sigue reclamando la intervención de la Guardia Nacional y el Ejército, así como el reforzamiento de la seguridad y vigilancia en distintos tramos carreteros.

Al recrudecer en semanas recientes el embate criminal, la duda gana fuerza y la gente se arma de valor para recuperar las calles por sí misma, como en Siltepec.

Tráfico de migrantes y saqueo minero

La Jornada se reunió con defensores de derechos humanos en los Altos de Chiapas, que describen el panorama con amplitud. La oleada criminal ha permitido el negocio del tráfico de migrantes por las distintas regiones. También ha posibilitado la reactivación ilegal de la minería en Chicomuselo, donde las concesiones para la extracción de barita fue cancelada gracias a la resistencia de los pobladores.

“Pero desde que llegaron estos señores (el narco), el saqueo y la explotación ilegal se reiniciaron a gran escala”, comenta un religioso con labor en la sierra. Obligan a pobladores a trabajar para ellos y luego sacan la barita a Guatemala cruzando por Frontera Comalapa.

La apropiación de espacios vitales es el sello del crimen organizado. El mercado de la zona norte de San Cristóbal, además de punto de reunión para las distintas bandas de Motonetos, también es el lugar donde se puede comprar armas, motos o autos de lujo. Te venden drogas como si fueran pizzas, ironiza una empresaria hotelera. Sin embargo, en días normales sus instalaciones están semivacías. Sólo en el exterior hay verdadera actividad mercantil. Eso que los clásicos denominan fachada.

“Los Motonetos son unos niños muchas veces de 15 y menos años, en su moto y armados; los ves pasar en caravanas de 30 o 50”, cuenta una madre que se dedica aquí a la investigación académica.

La proliferación de estas pandillas refleja la realidad de muchos jóvenes indígenas en esta ciudad. Con frecuencia son hijos del desplazamiento forzado, no sólo de Chamula (un fenómeno ya histórico), sino de los diversos municipios tsotsiles donde reina la violencia.

El obispo Rodrigo Aguilar Martínez alertaba en una carta pastoral: El crimen organizado cada día ocupa más espacios en el territorio chiapaneco, con trata de personas para la pornografía, venta de órganos, explotación sexual y laboral de migrantes y nacionales, además de que dichos grupos y fuerzas, en muchos municipios logran controlar a las autoridades municipales.