La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coincidieron en que los esfuerzos y avances del caso Ayotzinapa sólo alcanzarán la verdad y la justicia que las víctimas merecen si las distintas corporaciones de seguridad e inteligencia, civiles y militares, colaboran efectivamente y entregan toda la información que está a su alcance de forma diligente y completa.

Esto, luego de que en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de julio pasado se mencionó la negativa de algunas de estas corporaciones de entregar toda la información disponible.

Lo sucedido con la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, precisa no sólo sanciones penales, sino también políticas y administrativas, a quienes hayan obstaculizado, desde sus diversos puestos de responsabilidad, el acceso a información, alterado evidencias o sostenido vínculos con el crimen organizado, sostuvo la oficina de la ONU. En un comunicado, destacó que los progresos alcanzados y el compromiso de algunas autoridades no deben eclipsarse con demoras y obstrucciones por actores públicos, mismas que lastiman la confianza.

Preocupa a la CIDH la falta de avances

Por su parte, la CIDH expresó su preocupación por los avances en las investigaciones del caso Ayotzinapa, ya que –señaló– se han ralentizado debido a la falta de entrega de información relevante por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Incluso, apuntó que la dependencia castrense ha ido en contra de las órdenes presidenciales de entregar toda documentación relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida hace nueve años, tal como reportó el GIEI.

Al respecto, la CIDH recomendó, en términos estructurales, evaluar los mecanismos de determinación de participación y responsabilidad de elementos militares frente a la ocurrencia de vulneraciones a los derechos humanos. La CIDH enfatizó que espera que sea acatada la orden judicial de septiembre de 2023 en la que se instruye entregar los documentos castrenses y se prohibió su destrucción.

También reiteró su llamado a profundizar los esfuerzos estatales para romper el denominado “pacto de silencio", e instó al Poder Judicial a fincar las responsabilidades penales de las personas judicializadas, y sancionar a los responsables, a fin de evitar que los hechos queden en la impunidad.

Por separado, la CNDH hizo un nuevo llamado al grupo de expertos y a la Comisión Interamericana para que hagan llegar al organismo nacional las constancias con las que cuenten para el esclarecimiento de la desaparición de los jóvenes.

Explicó que desde julio pasado solicitó los documentos, pero –aseguró– no ha obtenido respuesta a su requerimiento, lo que abona a la incertidumbre y revictimiza a las víctimas, además de que impide nuestros trabajos de investigación.

Mencionó que también solicitó los documentos a las diversas autoridades federales, quienes –indicó– ya respondieron de manera formal.