El gobierno federal y la fiscalía especial del caso Ayotzinapa apuntan a tres posibles causales de la desaparición de los 43 normalistas durante la llamada Noche de Iguala el 26 de septiembre de 2014: se les confundió como integrantes de un grupo delictivo rival de Guerreros Unidos, un escarmiento por parte del alcalde José Luis Abarca o la posibilidad de que en alguno de los autobuses que ese día habían tomado los jóvenes hubiese droga, armas o dinero relacionado con el trasiego de estupefacientes.

Lo anterior se asienta en el reporte Narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada, elaborado por la fiscalía especial y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj), y que forma parte de los elementos y documentos que funcionarios federales presentaron a las familias de los normalistas durante la reunión que tuvieron la tarde del lunes en Palacio Nacional y que ayer se difundieron por los canales oficiales del gobierno federal, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este documento también revela que existían vínculos de Guerreros Unidos con autoridades de los tres niveles de gobierno, incluidos efectivos del Ejército y de la Policía Federal, por lo que militares y federales recibían dinero de esa organización criminal para proveerla de armas y municiones, brindarle protección y facilitar el tráfico de droga.

Según el informe, al momento de los crímenes contra los estudiantes, Guerreros Unidos “mantenía un importante nivel de penetración y cooptación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región. Esta red fue, sin duda, un factor que ‘facilitó’ y perpetró la desaparición forzada de los 43 normalistas”.

Asimismo, se establece: “De acuerdo con diversos testimonios, es probable que a los estudiantes se les haya separado en al menos tres grupos y que los hayan llevado a diferentes lugares para su ejecución y desaparición en los municipios de Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tepecoacuilco”.

En apenas una mención de dos párrafos, se consigna textualmente la que es una de las principales demandas para la investigación que han hecho los padres de los normalistas y que, aseguran, no les ha sido entregada completamente ni por escrito ni en audio.

Se trata de la intercepción, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de una conversación telefónica en la noche de los hechos entre uno de los líderes de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, alías El Gil, y el subdirector de la policía municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares.

Ya tenemos varios detenidos, le dice el mando policial a El Gil. A lo que éste responde: “páseme unos por el camino a Pueblo Viejo, yo los recibo… verga; suéltelos, tengo unas camas para aterrizarlos páseme los detenidos”. Entonces Valladares le comenta: ok, ya los suelto. Ok, son 21 personas en el autobús q va a salir. Ya lo suelto pónganse pilas los de las camas. Ya se están sotando (sic) los del autobús paq los revienten ustedes, se recoge en el informe.

También se hace una narrativa de todo el contexto estatal previo a la desaparición de los normalistas: cómo Guerreros Unidos cobró fuerza en la región y tejió relaciones con funcionarios municipales, estatales y federales; el trasiego de drogas hacia Estados Unidos; sobre la Normal Rural de Ayotzinapa; además de una relatoría de los días en que se cometieron los crímenes (26 y 27 de septiembre) desde el intento de los jóvenes por la mañana de tomar varios autobuses hasta las horas posteriores al ataque, su desaparición y los homicidios de otros de sus compañeros, así como las acciones de varias autoridades para encubrir los hechos.

Funcionarios involucrados

Sobre los funcionarios involucrados con Guerreros Unidos, el documento señala: “Derivado de diversas declaraciones de distintos testigos, así como mensajes de texto aportados por la DEA, se vinculan con Guerreros Unidos el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala –que fue promovido a general un año después de los hechos, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto–; el capitán José Martínez Crespo –del que hay testimonios entregó a varios estudiantes–; y el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón”.

Eran precisamente estos efectivos, de acuerdo con la información, quienes recibían dinero del grupo criminal para brindarle protección.

Otros funcionarios vinculados con la banda delictiva, según el reporte, son: el ex secretario de Seguridad Estatal de Guerrero Leonardo Octavio Vázquez Pérez, el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de Salomón y Alberto Pineda Villa, quienes eran gente del cártel de los Beltrán Leyva; el presidente municipal del Cocula, César Miguel Peñaloza Santana; los jefes de las policías municipales de Huitzuco, Cocula, Tepecoacuilco e Iguala, quienes a la par eran integrantes de Guerreros Unidos.

El informe señala que actualmente están detenidas 132 personas relacionadas con los hechos en diversos penales: 41 integrantes de Guerreros Unidos, 71 policías (cinco federales, tres federales ministeriales, siete estatales, dos de Cocula, nueve de Huitzuco y 45 de Iguala); tres funcionarios de la Fiscalía General de la República (entre ellos el ex procurador Jesús Murillo Karam), el ex secretario de Seguridad Estatal de Guerrero, el ex presidente municipal de Iguala y su esposa –quien era presidenta del DIF de ese municipio–, y 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Este miércoles, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien preside la Covaj, presentará un informe sobre el caso.