La lucha por la localización de los 43 normalistas desaparecidos llegó a su noveno aniversario en un momento crítico, afirmaron los padres y madres de los estudiantes, al encabezar ayer la marcha que año con año realizan para exigir la presentación con vida de sus hijos.

Tras una de las movilizaciones hacia el Zócalo capitalino más numerosas en nueve años –y que recordó a las primeras que se llevaron a cabo para exigir justicia–, acompañados de organizaciones estudiantiles, sindicales y populares, los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa denunciaron que desde el gobierno federal “tratan de dar una segunda verdad histórica, con la que no estamos de acuerdo.

“Es una narrativa que no se sustenta en prueba alguna, que incorpora elementos y datos de la mal llamada verdad histórica, de una investigación que ha sido cuestionada y que fue hecha pedazos por distintos organismos internacionales”, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los jóvenes, en medio de gritos de apoyo como No están solos y Fue el Estado.

Frente a Palacio Nacional, luego de dos horas de marchar desde el Ángel de la Independencia, aseveró también que la investigación sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, se encuentra estancada por la responsabilidad de este gobierno, porque lejos de ponerse del lado de las víctimas, se ha colocado del lado de las instituciones, particularmente del Ejército Mexicano, al tiempo que calificó de criminal ocultar información que puede dilucidar dónde se encuentran por lo menos 17 normalistas.

Al recordar a Minerva Bello, Tomás Nava, Bernardo Campos y Ezequiel Mora, quienes fallecieron sin conocer la verdad sobre el paradero de sus hijos, Hilda Hernández, madre de César Manuel González, expresó que cuando empezó la actual administración pensábamos que iba a ser diferente, que teníamos una luz de esperanza y desgraciadamente no fue así.

Al grito de ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, el contingente, con los familiares al frente, salió poco después de las cinco de la tarde desde la Victoria Alada, en Paseo de la Reforma. Detrás de ellos se incorporaron miembros de organismos internacionales, como la relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y el representante adjunto en el país del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña.

Asimismo, marchaban normalistas de Ayotzinapa e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, así como familiares de otras personas desaparecidas. Igualmente se incorporaron con el tradicional machete en mano miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, además de alumnos de la UNAM y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

En la caminata de este martes, con un sol y un viento especialmente fuertes, pudo percibirse de nuevo el apoyo masivo y la atmósfera de indignación que caracterizaron a aquellas primeras movilizaciones tanto en esta capital como en otras ciudades del país.

En las pancartas y mantas saltaron a la vista muchas de las frases que resumen el sentimiento de los que asistieron: si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno, sólo la lucha nos da lo que el Estado nos niega o, de forma simple pero contundente, no olvidamos, no perdonamos.

En su ya acostumbrado pase de lista en el Antimonumento +43, los padres y madres develaron una placa en la que dejan consigna de que la desaparición forzada de los estudiantes es un crimen de Estado ejecutado por policías y Ejército en complicidad con el crimen organizado.

Durante la marcha multitudinaria un grupo de alrededor de 40 personas vestidas de negro y con el rostro cubierto rompieron los cristales en diversos comercios, sobre todo sucursales bancarias, restaurantes y cafeterías.

Con martillos, piedras, palos y bates, los grupos autodenominados anarquistas también destruyeron los vidrios de algunas paradas de autobús, además de estallar cohetones y petardos y realizar pintas alusivas a la supuesta responsabilidad del Ejército en la agresión del 26 de septiembre de 2014 contra los normalistas.

A su llegada al Zócalo, donde pretendían seguir protestando de la misma manera, incluso lanzando un par de petardos, fueron encarados por un grupo de normalistas que les pidió suspender tales acciones. Los anarquistas atendieron el llamado y se retiraron del lugar.