La Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina inició un expediente de investigación ante posibles irregularidades cometidas tras la muerte de Montserrat Juárez Gómez por traumatismo múltiple, la cual es investigada con el protocolo de feminicidio.  

La vocería de la dependencia informó que la joven fue reportada como desaparecida en el estado de México y su cuerpo fue encontrado el viernes pasado en un departamento de la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo.  

Personal de dicha unidad ha realizado diversas diligencias en el conjunto habitacional y la agencia funeraria, así como el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia privadas y públicas, y las grabaciones dentro de la Fiscalía de Investigación Territorial.  

Además, mantiene estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ahondar en la investigación y establecer cómo ocurrieron los hechos; mientras, la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio integra la indagatoria.  

La necropsia determinó que su muerte fue un traumatismo múltiple, por lo que se ha ahondado en todas las líneas de investigación existentes para judicializar la carpeta de investigación y obtener la orden de aprehensión contra el posible responsable, al parecer su novio.

De acreditarse la comisión de alguna irregularidad durante la investigación interna, dijo, se dará vista a la Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos.

Autoridades ministeriales autorizaron a un familiar que se hiciera cargo de los trámites en una agencia funeraria, con la posible intención de cremarla; sin embargo, personal de la Fiscalía de Feminicidio recuperó el cuerpo, indicó la vocería.  

Por otra parte, la audiencia de individualización de pena y reparación de daño en contra de Diego Armando Helguera, responsable del feminicidio de Fernanda Olivares y de la tentativa de feminicidio de Fernanda Cuadra, se suspendió por tercera ocasión y se fijó nueva fecha para el 9 de octubre.  

Las abogadas Ana Karen Pérez Ayala y Edna Berenice Ramírez Gómez explicaron que esta suspensión se debió al cambio de defensa del sentenciado y señalaron que el Ministerio Público está solicitando una pena de 110 años de prisión.