Morelia, Mich., Desde abril pasado, la alcaldesa panista de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, quien fue secuestrada el sábado, habría sido intimidada por el crimen organizado; una de las advertencias fue el ataque a las instalaciones de la comandancia de seguridad pública municipal, donde murieron dos policías; días después del atentado solicitó un permiso de 60 días por motivos de salud, pero regresó a sus labores 20 días después.

Los grupos delincuenciales han agitado la región de la Ciénega de Chapala desde abril. El día 12 de ese mes una patrulla militar fue atacada por una organización criminal. Los agresores abandonaron dos camionetas y huyeron; se decomisaron armas largas, cartuchos y cargadores.

Las autoridades de seguridad admitieron que desde hace cinco años los municipios de Sahuayo, Briseñas, Venustiano Carranza, Jiquilpan y Cotija, entre otros, eran asediados por un cártel de Jalisco, dada la cercanía con esa entidad.

Ayer, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se atiende el secuestro de la alcaldesa de Cotija. Se está haciendo la investigación. Hoy (ayer) se trató en la reunión del gabinete de seguridad en Palacio Nacional antes de la conferencia.

Comentó que al parecer iba acompañada de tres personas; dos fueron liberadas. Se está trabajando en eso, está a cargo del gobierno de Jalisco, pero nosotros estamos ayudando.

Por su parte, el secretario general del Partido Acción Nacional en Michoacán, Javier Estrada, declaró a medios locales que la edil sólo le dijo que se sentía agobiada y acosada por el crimen organizado; no obstante, admitió que nunca pudo hablar bien con ella por teléfono, ya que se trata de un tema delicado.

El gobernador Alfredo Ramírez sostuvo que la alcaldesa nunca le comentó sobre amenazas y tampoco solicitó escoltas, seguramente, dijo, porque la presencia policiaca era permanente en esa región, donde lleva más de seis meses realizando arrestos y decomisos importantes.

Precisó que 11 alcaldes han solicitado acogerse a programas de protección coordinados por el estado o de la Federación; algunos casos han sido recientes y en otros los funcionarios ya tenían este beneficio antes de iniciar su administración.

En Michoacán, en una década han sido asesinados los alcaldes Mario Álvarez, de Aquila; Lorenzo Barajas, de Buenavista; Wilfrido Flores, de Nahuatzen; Eliseo Delgado, de Buenavista; Javier Segrero, de Quiroga, y Yerécuaro, Enrique Hernández, entre otros.