sí lo han denunciado los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, desde el plantón que instalaron enfrente del campo militar número 1 como respuesta a la convicción de que desde la Presidencia de la República se continúa protegiendo al Ejército.
Como sabemos, en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado el pasado 25 de julio, antes de retirarse de su misión en México, se mostró nueva evidencia sobre el involucramiento activo de las fuerzas armadas y sus aparatos de inteligencia con el crimen organizado en las horas cruciales de la desaparición, y las maniobras para construir lo que llamó mentira institucionalizada. Este planteamiento dio cuenta de que no se ha compartido por esas fuerzas la información que de manera reiterada habían solicitado y que el Presidente de la República les dio en su momento la instrucción de compartirla al GIEI. Señalaron que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) debería entregar la información que oculta.
La dimensión de esta virtual denuncia derivó en las declaraciones recientes del titular del Ejecutivo en defensa del Ejército, de que éste ya entregó toda la información y que, sin embargo, les pide que revisen la situación de los militares que están bajo proceso (20 mandos militares y personal de los batallones 27 y 41 de Infantería de Iguala y Teloloapan, Guerrero). Incluso solicitó que quienes de manera amplia cuenten con información respecto del caso la compartan y ofreció que se entregará a cada familiar una copia de todo el expediente. La defensa de los militares ya logró que un juez cite a declarar al GIEI y al presidente de Covaj lo cual fue cuestionado por el abogado de los familiares de los estudiantes desaparecidos. Muy difícil pensar que todo ello contribuirá a generar la información que los familiares reclaman con dolor y justicia hace nueve años.
Un balance jurídico riguroso como el que han realizado sus defensores y lo hizo el GIEI les hacen ver la fragilidad en la ruta que ha sido judicializada, cuando ésta ha girado sobre delincuencia organizada y no por la desaparición de los 43 en juicios dispersos que los familiares pidieron al Consejo de la Judicatura Federal se homologuen. Y aun en ese contexto reconocen que existen avances en este gobierno, si bien insuficientes, como fue la solicitud del retorno del GIEI, del que prescindió Peña Nieto; la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj); de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Ueilca) para el esclarecimiento del caso y la judicialización dentro de la Fiscalía General de la República. Esa unidad, por cierto, no contó con el respaldo suficiente de dicha dependencia, lo que derivó en la renuncia del fiscal Gómez Trejo y su sustituto ha mostrado escasa participación.
Es importante destacar que la responsabilidad central en el rumbo que tomó este caso recae en el gobierno peñista. Parte sustancial de los trabajos de las instancias involucradas ya mencionadas se concentraron en desmontar la llamada verdad histórica anunciada en 2015 por el titular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, hoy sujeto a proceso y con la participación central del prófugo Tomás Zerón. Ello derivó entre muchos impactos en que se obtuvieran declaraciones bajo tortura para sustentar su “verdad “a quienes fueron consignados y posteriormente liberados por ese hecho. El asunto está lejos de tocar fondo y mostrar la verdad auténtica. Sólo un dato al que no se le ha dado relevancia y lo ha destacado el abogado Vidulfo Rosales: desde octubre de 2014 al 22 de septiembre de 2021 fallecieron o fueron ejecutadas 21 personas vinculadas con el caso. Justo estos días se difundieron por la DEA los chats de integrantes de la delincuencia organizada, no sabemos si incluyen los que compartieron con militares y policías municipales o con sus contactos en el trasiego de drogas.
El gobierno reconoció en el informe de Covaj 2022 que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado , postura importante que no sabemos si hoy, en el noveno aniversario de la desaparición de los 43, se retomará a través de un nuevo informe. Desconocemos si los chats de la DEA divulgados aportan nueva información o sólo es parte de la estrategia para negociar agenda con el gobierno mexicano. Por lo pronto los familiares y los normalistas están movilizados para dejar en claro que no cejarán en su lucha por la verdad y la justicia y en la exigencia de que el Ejército por fin rinda cuentas. También en las otras que tiene pendientes, su participación en la guerra sucia, por ejemplo, como atestigua la Comisión de la Verdad.
