A 15 años de haberse aprobado la reforma constitucional y a siete de ponerse en marcha en todo el país el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, los retos son aún mayores ante la legítima aspiración de la sociedad mexicana de contar con una justicia penal más efectiva, reconoció el juez Antonio González García.

En entrevista con La Jornada, el titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), señaló que está en curso la consolidación de las nuevas reglas y que, desde la reforma constitucional de 2014, los objetivos eran desafiantes, proporcionales al anhelo social de contar con una justicia penal más moderna y, sobre todo, eficaz.

En este tiempo, el CJF ha logrado materializar sus principios en 42 Centros de Justicia Penal Federal, con 102 salas donde se llevan a cabo los actos procesales conforme a la característica de la oralidad, con 239 personas juzgadoras especializadas que han estado siempre presentes en las prácticamente 470 mil audiencias.

Afirmó que la operación de este sistema ha requerido más que una reingeniería constitucional, fue un cambio cultural respecto del anterior sistema inquisitivo mixto, que funcionó por décadas y en el que operamos generaciones.

González García consideró que el contexto de delincuencia aumentada y amenazante dista mucho de la legitimidad que requiere el sistema de justicia penal acusatorio y merece la sociedad mexicana.

Por ello, sostuvo que los impartidores de justicia deben “traducir ese reclamo social en la construcción, por medio de nuestras resoluciones, en un sistema más eficaz y funcional.

En lo personal, creo que el principal reto que enfrentamos las personas juzgadoras en materia penal, que es la que me compete, es recobrar la confianza social; convencerla de que el debido proceso penal no se contrapone con el castigo ejemplar a los responsables y la reparación integral del daño a las víctimas.

–¿Qué respondería a quienes critican lo que coloquialmente se conoce como puerta giratoria?

–Es preciso reconocer que quizás la razón que más ha incentivado la desconfianza y falta de legitimidad en el sistema penal acusatorio sea el fenómeno de que las autoridades más tardan en detener y conducir a proceso a las personas imputadas que éstas en ser liberadas. La puerta giratoria genera una percepción incorrecta de los beneficios del sistema penal acusatorio, que tiene como eje la garantía del debido proceso, así como generar una percepción distorsionada de las personas juzgadoras respecto de su independencia e imparcialidad.

Hoy tenemos un sistema de justicia penal más eficaz y moderno, pese a la falta de efectividad en las detenciones e investigaciones en muchas de las ocasiones, la incomparecencia de las partes, la ausencia de respuestas legislativas y el aumento en la incidencia delictiva.

–¿Qué le falta al Consejo de la Judicatura Federal para concluir la implementación del nuevo sistema de justicia penal?

–Resulta impostergable la reducción al mínimo posible de la coexistencia entre ambos sistemas, con la finalidad, por una parte, de optimizar los recursos humanos y materiales para concentrarse en el nuevo sistema y, por la otra, que la justicia penal acusatoria adquiera mayor arraigo en la sociedad.

El funcionario resaltó la apremiante necesidad de reorganizar la ejecución penal, ya que se encuentra en una fase de robusta judicialización y la actividad no sólo crece por cada expediente nuevo, sino por cada controversia o incidente que se presenta dentro de ese mismo expediente.

El togado refirió que es necesario explorar la incorporación de los mecanismos alternativos de solución de controversias en sede judicial que ya se encuentra delineada desde la reforma constitucional de 2008 y esta posibilidad ofrecería múltiples beneficios, como la contención de la judicialización innecesaria.

Dijo que la consolidación del sistema penal requiere la especialización de jueces y espacios para la óptima implementación del sistema integral de justicia para adolescentes.

Expuso que es necesario continuar con la especialización de los tribunales colegiados de apelación y de amparo, tanto de las personas titulares como servidoras públicas jurisdiccionales, en la lógica de la armonización de sus principios.