No habían pasado 48 horas del impacto que se vivía en septiembre de 2014 en la escuela normal de Ayotzinapa cuando el equipo de defensores del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan se apersonó en ese plantel, en las orillas de Tix-tla, donde reinaban el desconcierto, el susto y un sentido de urgencia. Todavía no se dimensionaba el tamaño de la tragedia. Los padres de los estudiantes que salieron a Iguala el día 26 y fueron atacados en una operación conjunta de delincuentes y agentes del Estado se habían concentrado ahí. Se hablaba al principio de 67 desaparecidos.

Tlachinollan tenía asignado desde 1997 a uno de sus abogados como asesor jurídico de la normal, que ya sufría esporádicamente acciones represivas. Era Vidulfo Rosales, un hombre que viene del mismo mundo de pobreza y marginación de los estudiantes y sus familias. Es originario de la comunidad me’phaa (tlapaneco) de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, un pueblo de La Montaña guerrerense donde, todavía en los años 90, los niños hacían sus tareas de primaria y secundaria a la luz del ocote encendido, porque comprar velas para los candiles sólo era cosa del doctor, el cura y los maestros; un sitio remoto del que, para viajar al centro urbano más cercano, Tlapa, había que caminar cinco horas y tomaba 10 horas más para bajar en algún camión de la Coca Cola o la Conasupo, los únicos vehículos que se remontaban a estas latitudes incomunicadas.

Egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero, Rosales (47 años) recuerda esos días. Teníamos experiencia en casos fuertes de represión, incluso de desaparición forzada. Pero al llegar nos dimos cuenta de que enfrentábamos una situación que nos rebasaba. Todos eran padres campesinos. No sabían de estrategias para denunciar, buscar. Cada uno venía con muchos familiares.

De los primeros 67 muchachos no localizados, la lista se acortó a 57 en la medida en la que los estudiantes dispersos se reportaban. Finalmente fueron 43 de los que ya nunca se volvió a saber nada.

Como abogado de Tlachinollan había litigado el caso del asesinato de los dos normalistas en la Autopista del Sol en 2007 y la desaparición de dos defensores indígenas en Ayutla en 2009. También llevó la denuncia de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres me’phaa violadas tumultuariamente por soldados en 2002.

Nada podía prepararnos para algo así

Pero nada podía prepararnos para una cuestión como la del 26 de septiembre de 2014. Cuando encontraron sin vida a Julio César Mondragón Fontes, uno de los estudiantes, nos sacudió mucho. Y el tema se fue haciendo mucho más grande con la inmediata movilización social en Guerrero.

–¿Cómo fue su primera experiencia con el aparato de justicia al momento de presentar las denuncias?

–Como siempre: el Ministerio Público era muy despótico, los funcionarios hacían todo sin ganas. Hubo mucha revictimización, un desgaste enorme. Y el gobierno de Guerrero totalmente pasmado, sin saber qué hacer. Como la movilización y la presión fueron creciendo el gobierno aceptó que vinieran los peritos internacionales. Primero acreditamos a los antropólogos forenses argentinos, previendo que nos entregaran cuerpos que no eran.

–¿Cambia el curso de la investigación y el trato a partir de que la PGR atrae el caso y ustedes tienen que tratar con Jesús Murillo Karam y Enrique Peña Nieto?

–Todo se vuelve más cerrado. Dejan de tomarnos en cuenta. La presión social nacional e internacional aumentó a tal grado de que hubo una situación política inmanejable. Me parece que ahí es cuando toman la decisión del basurero de Cocula. En el fondo estaba la necesidad de encubrir. Los secretarios de Defensa y Marina sabían bien lo que hacían los estudiantes desde el momento en que salieron de Ayotzinapa hacia Iguala, la persecución de la que fueron objeto, su detención y adónde se los llevaron.

“Su salida fue la verdad histórica. Fin de la historia. Con eso le dicen a los padres: aquí tienes tus resultados y si no los quieres aceptar ya es una cuestión subjetiva, tu solicitud ya tiene otros objetivos políticos, ideológicos. Y pasan luego luego a la confrontación.”

–Entonces empieza el golpeteo mediático, buscan responsabilidades y culpas entre los estudiantes y los padres. ¿Cómo lo vivieron ustedes?

–Toda esa policía federal que tenían en Guerrero buscando a los estudiantes de pronto aparece armada de escudos y toletes enfrentando a las movilizaciones y conteniendo a los padres de familia.

Maletín de dinero y amenaza

El gobernador interino de aquel entonces, Rogelio Ortega, jugó un papel muy desafortunado, a pesar de que venía de la corriente progresista. Se metió a dividir, hasta ofreció dinero. No lo logró.

Rosales relata que en esas fechas fue contactado por uno de los compañeros del movimiento que se había alineado con Ortega. “Me buscó aquí, en México. Nos vimos casi a medianoche. Me dijo que el gobernador me pedía que le facilitara una reunión con el ERPI para poder terminar con todo esto. Yo ni los conocía, eso le contesté, aunque él insistía. Y le pregunté: ‘¿crees que esto se va a calmar con que el gobernador hable con el ERPI? Si esto es de los padres de los 43 que buscan a sus hijos, de nadie más’. Entonces me saca un maletín lleno de dinero, que de parte del gobernador ‘para que te ayudes’. Lo rechacé. Cerró el portafolio y me advirtió: ‘También me dice el gobernador que tienes como 20 carpetas judiciales abiertas y algunas con órdenes de aprehensión. Tú dirás’”.

–¿El momento más difícil en estos nueve años?

–Fue con Enrique Peña Nieto, cuando corrieron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Tuvimos que meter todos nuestros esfuerzos para que no se cerrara el caso. Lo logramos.

Luego se emitió un amparo en el primer tribunal colegiado del 19 circuito en Reynosa, Tamaulipas, tomando en cuenta todas las líneas de investigación. Concluyó que era necesario crear una comisión de investigación con facultades penales.

–Así llegan a 2018…

–Con el cambio de gobierno había muchas esperanzas de los padres. Pero yo tenía mala espina porque el gobierno se negó a crear una comisión con facultades de investigación penal como ordenaba el tribunal de Reynosa. Pudo ser un modelo de mecanismo de justicia transicional inédito en el mundo. Al principio el Presidente estuvo de acuerdo. Cuando llegó a las manos de Julio Scherer Ibarra (consejero jurídico de Presidencia) lo desautorizó argumentando que se desnaturalizaban las facultades del Ministerio Público y se violaba la Constitución. Se encasillaron en esa visión. Era lo mismo que decían los asesores de Peña Nieto. Y se dejó pasar la oportunidad.

–Cuando hablan de los obstáculos con los que han topado mencionan al Ejército, a la Marina, pero no siempre a la Fiscalía General de la República.

–Cuando estuvo al frente de la unidad especial, la Ueilca, Omar García Trejo trató de darle un aire diferente a la investigación. Pero dentro de la fiscalía quedó el grupo duro del régimen anterior que construyó la verdad histórica. Esos no salieron. Y Omar mantuvo una lucha muy dura con ellos. Finalmente terminó siendo desplazado por esos grupos.

–A casi cinco años de iniciada la nueva etapa de apertura con López Obrador el proceso se volvió a empantanar, ¿por qué?

–Porque si el Ejército pusiera a nuestra disposición toda la información de su intervención en torno a los hechos saldrían con responsabilidad penal muchos militares de alto rango que tendrían que ir a la cárcel. Mi temor es que la verdad vaya a ser sacrificada.