Monterrey, NL., Personas que se ostentan como elementos policiacos o de migración cometen abusos contra indocumentados, por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ya investiga dichas acciones ocurridas en los municipios de El Carmen y Escobedo, donde cientos de extranjeros quedaron varados desde el viernes pasado ante la suspensión de trenes de Ferromex, informó Olga Susana Méndez Arellano, presidenta del organismo.

Detalló que de manera oficiosa se abrieron dos expedientes. Algunas personas migrantes señalan que les quitan el dinero; esas se abren de oficio y se solicita el informe a la autoridad, apuntó.

El viernes anterior, ante el paro de trenes de Ferromex, cientos de extranjeros, la mayoría venezolanos, quedaron varados en Nuevo León en su trayecto hacia Piedras Negras, Coahuila, y para cruzar a Eagle Pass, Texas, con intención de pedir asilo.

A veces los detienen y no tienen facultades para hacerlo, indicó la ombudsman; lo que más señalan es este tipo de detenciones ilegales, donde participan elementos de Seguridad Pública Municipal de las dos demarcaciones citadas, añadió, por lo cual se emite la recomendación y se pide una sanción administrativa.

Méndez Arellano manifestó que personal de la CEDH también estuvo presente en la Central de Autobuses de Monterrey, buscando asesorar a quienes viajan hacia la frontera. Indicó que no recibieron quejas, pues los migrantes consideran que eso los puede retener en la ciudad, cuando no es así.

La presidenta de la CEDH agregó que el jueves se envió un reporte al subsecretario de Derechos Humanos federal, Alejandro Encinas, así como a Jesús Macías, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Nuevo León, sobre las condiciones de la estación migratoria en Guadalupe.

Expresó que igualmente se pidió un dictamen de Protección Civil a una empresa privada, la cual reportó que existe riesgo porque las ventanas de la estación están selladas.

Méndez Arellano dijo que también se avisó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para evitar una tragedia como la ocurrida el 27 de marzo anterior en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 40 migrantes en un incendio.