Detenida en el Senado desde hace un año, la minuta que modifica la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y otros ordenamientos, para fortalecerla y acabar con la impunidad en ese tipo de ilícitos, está ya a discusión y se prevé aprobarla en este periodo de sesiones, pero con cambios, reconocieron los presidentes de las comisiones dictaminadoras Olga Sánchez Cordero y Rafael Espino.

En un primer foro, colectivos de víctimas y expertos demandaron que se modifique definir de manera general la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad, porque en lugar de ayudar complicará que se castigue el delito y el efecto será contrario a lo que persigue esa reforma.

Se trata de una de las modificaciones torales a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, cometida por particulares, que en su artículo 13 establece que ese delito constituye un crimen de lesa humanidad, en términos del Estatuto de Roma.

En éste se define que la diferencia entre una violación grave de derechos humanos y un crimen de lesa humanidad es que sea parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, con conocimiento del mismo, comentó la asesora Eliana García.

Al respecto, Thelma Liliana Mancilla, integrante de la Consejería Legislativa y Jurídica del Senado, expresó que en esos términos va traer complicaciones en la persecución del delito, ya que será muy difícil configurar en todos los casos de desaparición forzada que hubo un ataque generalizado,

Adelantó que por ello la recomendación que dará esa consejería es que no se apareje la cualidad de lesa humanidad a la persecución del delito de desaparición forzada de personas, propuestas por la minuta.

José Antonio Guevara y Jorge Verástegui, integrantes de colectivos de víctimas, coincidieron en que se especifique en qué casos sería un crimen de lesa humanidad la desaparición forzada, porque de lo contrario el riesgo es que los jueces y ministerios públicos tendrán pretexto para no investigar y sancionar a quienes cometen ese delito.

La mayoría de los participantes pidieron revisar a fondo esa minuta que fue aprobada en septiembre de 2022, con el fin de que realmente permita sancionar con severidad a integrantes del crimen organizado, pero también a autoridades responsables de desaparecer a hombres, mujeres y niños.

La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, dijo que se escucharán todas las opiniones para aprobar la minuta en este periodo de sesiones, dada la magnitud del problema. Hay 111 mil desaparecidos, se debe actualizar la norma para que se garantice que quienes incurran en estas conductas no queden impunes.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, aseguró que desde el Poder Legislativo se tiene la intención de modificar diversas disposiciones de la minuta y avanzar en el desarrollo de un marco regulatorio efectivo para combatir los altos índices de impunidad y corrupción que rodean el fenómeno de la desaparición forzada en México, una práctica despreciable que se ha incrementado en los últimos años, gracias a la corrupción y la impunidad.