La Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina aseguró el inmueble de República de Argentina 110, casi esquina con Eje 1 Norte, colonia Centro, y colocó 10 sellos en los que refiere que el predio forma parte de la carpeta de investigación por el delito de fraude procesal.

La madrugada del 17 de agosto, golpeadores desalojaron con violencia a los residentes de 16 departamentos, la mayoría de la tercera edad, del viejo edificio de planta baja y un nivel, y un hombre que se identificó como actuario exhibió a los afectados el mandamiento judicial; sin embargo, los dos negocios dedicados a la venta de gorras y artículos varios continuaron abiertos.

Ayer, alrededor de las seis de la mañana, al menos medio centenar de agentes de la Policía de Investigación de la FGJ y elementos policiacos desplegaron un operativo, por lo que cerraron el acceso a las calles República de Argentina y República de Ecuador, ingresaron al inmueble y desalojaron a los nuevos ocupantes, quienes habitaban el predio desde hace 36 días, mismos que llevan viviendo en la calle los antiguos residentes.

Los antiguos inquilinos interpusieron diversas denuncias de manera individual y colectiva por los delitos de robo, despojo y promovieron amparos desde que acusaron que fueron despojados y no desalojados; además, la legisladora federal del Partido del Trabajo María Rosete exigió una investigación al acusar que hay juicios amañados, pues casualmente las órdenes de desalojo en el Centro Histórico se otorgan en el juzgado 46.

Piden presencia policial

Desde el 17 de agosto, los afectados optaron por instalar campamentos improvisados en el callejón de República de Ecuador, que colinda con la parte trasera de la casona donde mantienen algunas de sus pertenencias.

Después del mediodía de ayer, los nuevos ocupantes, que fueron desalojados por la FGJ local, permanecían en el callejón de República de Ecuador, aunque sin motivo aparente, por lo que Óscar Kin Rubio, residente desde hace más de 20 años en la casona, dijo que solicitará la presencia de la policía para que resguarden la seguridad del campamento.

Son objeto de burlas

Expresó que han enfrentado acoso de los nuevos ocupantes, que son desconocidos, pero que en diversas ocasiones se han burlado de que pernoctan en la calle; además, hace unas semanas empujaron a dos de los afectados sólo por expresar su desacuerdo con la demolición de paredes y la introducción de material de construcción a la vieja casona.

De acuerdo con el Código Penal local, el delito de fraude procesal refiere en el artículo 310 que se impondrán de seis meses a seis años de prisión y de 50 a 250 días de multa –los cuales van desde 5 mil 187 a 25 mil 935 pesos– al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.