El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, fue liberado la mañana de ayer del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, estado de México, en cumplimiento de un mandato judicial dictado por el Tercer Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa, por lo que continuará fuera de prisión el proceso por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra Luis Alberto N, alias El Diablo.

En punto de las 9:49 horas, Carmona Gándara cruzó la garita principal de esta cárcel federal y se dirigió a una camioneta blanca, junto con sus escoltas y familiares, quienes lo esperaban desde las 15 horas del jueves. Sin dar declaraciones a los representantes de los medios, el fiscal subió a la unidad y partió del lugar.

En tanto, desde las 11:30 horas, elementos de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE) resguardaron su casa, ubicada en Cuernavaca, Morelos, adonde no se le vio llegar en el trancurso del día.

Trascendió que Carmona arribó a la ciudad alrededor de la 15 horas para reunirse con sus allegados, pero no se reveló con exactitud a qué domicilio se dirigió. Tampoco se sabe cuándo retomará sus funciones, pues aunque sigue teniendo el cargo de fiscal, por el momento Carlos Montes Tello es el encargado de despacho de la FGE.

Adujeron su fuero constitucional

La resolución que dictó el jueves el referido tribunal colegiado, es la cuarta que se emite a favor de Carmona por el mismo número de procesos en su contra, al considerar que tiene fuero constitucional.

La Suprema de Justicia de la Nación determinó en julio pasado que el fiscal no puede ser acusado por delitos federales sin pasar por un proceso previo de desafuero ante la Cámara de Diputados.

No obstante, la sentencia no hace referencia a acusaciones del fuero común, promovidas por fiscalías estatales, como en el caso de al menos tres de los procecedimientos que se le iniciaron al funcionario.

Carmona Gándara fue detenido el 4 de agosto pasado, en su domicilio de Cuernavaca, por agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), acusado de retrasar la impartición de justicia en el caso de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue encontrado el 31 de octubre de 2022 en la carretera La Pera-Cuautla.

El 1° de septiembre fue liberado del Reclusorio Sur, donde permanecía por decisión del décimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito; pero al salir, personal de la FGJCDMX ejecutó otra orden de captura en su contra por encubrimiento por favorecimiento, en el mismo asunto. El 5 de septiembre fue llevado al Cefereso de Almoloya de Juárez.

De nuevo se ordenó su liberación el 9 del presente mes, luego de una modificación a la medida cautelar de prisión preventiva; pero ese mismo día fue arrestado por feminicidio, en su modalidad de auxiliador, también por el caso de Ariadna.

La madrugada del 14 de septiembre, durante la audiencia por este delito, el juez fue notificado de una suspensión provisional otorgada al fiscal por el séptimo tribunal colegiado en materia penal para que fuera puesto en inmediata libertad y en esta condición siguiera el proceso correspondiente. Ese mismo día agentes de las Fiscalía Anticorrupción de Morelos ejecutaron una cuarta orden de aprehensión contra el funcionario, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de El Diablo.

En la audiencia inicial los miembros de este organismo se desistieron y argumentaron haber perdido la carpeta de investigación, por lo que atrajo el caso la Fiscalía General de la República y el 19 de septiembre se le vinculó a proceso. Ayer, los magistrados del Tercer Tribunal Unitario resolvieron concederle la libertad.

Morena-CDMX exige reforma al Poder Judicial

El grupo legislativo de Morena en el Congreso capitalino llamó al Poder Legislativo federal a iniciar el debate sobre la reforma al Poder Judicial, ante la reiterada decisión de los tribunales colegiados de invalidar la medida cautelar de prisión preventiva al fiscal de Morelos.

En un pronunciamiento, la bancada morenista señaló que existe un reclamo de la ciudadanía de acceso a la justicia en el que nada debe anteponerse, sobre todo al tratarse de funcionarios públicos de alto nivel; tienen que rendir cuentas ante los tribunales, recalcó.

Asimismo, consideró que tal como en el gobierno federal se terminaron los privilegios y el poder al servicio de las élites y grupos de interés, el Poder Judicial tiene que romper también con esos esquemas.