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Separatistas catalanes presentan recurso ante tribunal europeo 
Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 23 de septiembre de 2023, p. 20

Madrid. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo decidió ayer admitir a trámite el recurso presentado por los nuevos condenados por el Tribunal Supremo español por su participación en la declaración unilateral fallida de independencia de octubre del 2017, en un proceso en que fueron juzgados por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos.

Los nueve condenados recibieron el indulto del actual gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, que ahora negocia con otro sector del separatismo catalán la aprobación de una ley de amnistía que sepulte definitivamente toda la acción judicial contra el independentismo catalán durante esos años.

Insta al Estado español a presentar alegaciones

En el histórico juicio en el Tribunal Supremo fueron condenados algunos de los actores principales del proceso de secesión de Cataluña de 2017, entre ellos el entonces vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, también líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los consejeros Jordi Turull, Raúl Romeva y Joaquín Forn, entre otros, además de la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los miembros de la sociedad civil catalana independentista Jordi Sánchez y Jordi Cruixart. Las penas oscilaron entre 10 meses y 13 años de cárcel, si bien el año pasado el gobierno español acordó con ERC, su socio parlamentario, los indultos que sacaron a todos ellos de la prisión. El entonces presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, decidió salir del país y refugiarse en Bélgica, donde todavía se encuentra, para evitar ser juzgado y procesado por un tribunal español.

El TEDH, en su resolución, admite las querellas y accede así a estudiar la sentencia, por lo que instó al Estado español a presentar, a través de la Abogacía del Estado, las alegaciones que considera oportunas de cara a la revisión de la sentencia, con lo que servicios jurídicos del Estado tendrán que posicionarse sobre la legalidad y proporcionalidad del proceso judicial abierto en el Supremo, y que ya fue avalado por el Tribunal Constitucional.