Santiago de Chile., Si alguna duda quedaba respecto de si la derecha clásica chilena sería arrastrada por los ultraconservadores que dominan el Consejo Constitucional en Chile, la primera semana de votaciones en el pleno puso en evidencia que, salvo excepciones, votan en bloque e imponen un articula-do retrógrado.

La derecha de Chile Vamos y la ultraderecha del Partido Republicano, con 11 y 22 representantes, respectivamente, de un total de 50, sumaron fuerzas y aprobaron eliminar el impuesto a los bienes raíces que paga el uno por ciento más rico del país por sus viviendas particulares.

La recaudación de ese tributo es de beneficio municipal y 80 por ciento va a un fondo que se redistribuye entre las municipalidades más pobres del país, para las cuales es un recurso vital.

También refrendaron que la ley protege la vida que está por nacer, con lo cual quedó en riesgo de ser declarada inconstitucional la ley de aborto en sus tres únicas causales: inviabilidad del embarazo, riesgo de vida para la mujer y embarazo por violación.

Respecto de los migrantes, acordaron un artículo que establece la expulsión inmediata de quien ingrese al país ilegalmente.

Asimismo, durante el debate en comisiones, se constitucionalizó la existencia de las administradoras de fondos de pensiones y a las aseguradoras de salud, dos referentes del modelo neoliberal imperante, pese a estar socializado que tanto en salud como en previsión se requieren reformas urgentes respecto de lo existente.

De igual modo, la derecha está empeñada en facilitar la reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años que cumplen sentencias, una redacción que de prosperar favorecería a civiles y militares condenados por delitos de lesa humanidad que ahora están presos.

Los consejeros ultraconservadores que abiertamente reconocen no ser partidarios de una nueva constitución y que han advertido que llamarán a votar no apruebo el 17 de diciembre si el texto a plebiscitar no es de su gusto –pese a que son mayoría en el Consejo– están introduciendo cambios sustantivos a un anteproyecto que en mayo preparó una comisión experta de 24 miembros, escogidos por cuotas entre las fuerzas políticas representadas en el Parlamento.

De momento, apenas una vez la derecha clásica no votó con los ultraderechistas. Fue el inciso primero del artículo uno que decía: todo ser humano es persona, lo cual indignó a los segundos porque con esa definición buscaban robustecer la protección de la vida.

La presidenta del grupo experto, la jurista Verónica Undurraga, recordó que la constitución no es para hacer políticas públicas, al prevenir acerca de lo que ocurre y enfatizar que el anteproyecto fue consensuado por los 24 constitucionalistas que lo redactaron, desde el Partido Comunista hasta los republicanos.

Los primeros artículos del anteproyecto fueron trabajados con respeto genuino y vocación democrática, combinaron las preocupaciones por la libertad con los anhelos de preocupación efectiva. En ellos cambian la familia tradicional y las familias diversas, la palabra paz incluía la que surge de una sociedad justa, como la preocupación concreta de erradicar los métodos de violencia de la acción política, dijo.

Por eso nos dolieron las enmiendas y, más aún, la forma de su tramitación y aprobación, no porque estuviéramos enamorados del texto del anteproyecto, porque entendíamos que los consejeros traerían otras preocupaciones de la ciudadanía que había que recoger, sino porque nos sacaron del texto, nos sacaron sin consideración alguna del tex-to, agregó.

De momento, según encuestas, el apoyo a la nueva Constitución es apenas de 23 por ciento, su nivel más bajo, mientras el rechazo alcanza a 57 por ciento.